Esta medida, pese a que ha nacido con el fin de instaurar un mayor control sobre las viviendas de uso turístico, ha generado mucha disconformidad entre los profesionales del sector, sobre todo, por los plazos, la falta de un régimen sancionador claro y la desigualdad de criterios a la hora de solicitar dicho registro, tal y como ha asegurado a idealista/news Joaquín Gómez-Villares, socio fundador del despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, expertos en el mercado inmobiliario y especializados en el sector del arrendamiento.

Gómez-Villares ha reivindicado la necesidad de establecer normas jurídicas para que los registradores puedan aplicarla con seguridad y sin arbitrariedad: “No existe un protocolo homogéneo, se están dando situaciones dispares en cada territorio, llegando a negar inscripciones sin justificaciones suficientes”.

“Se nos ha dado el caso de que, con la misma documentación, han aprobado una solicitud en el Registro de la Propiedad número uno de Málaga y en el número dos nos han dicho que no. Esto es precisamente lo que denuncia el sector. La idea es muy loable, pero dótenos de un sistema homogéneo que permita seguir un criterio único”, ha reclamado Joaquín Gómez-Villares.

Falta de tiempo y escasez de recursos

Además, el experto también se ha quejado del poco tiempo disponible para tan alto volumen de trabajo, lo que lo ha calificado como un “cuello de botella”. Gómez-Villares se ha mostrado conforme con la intención de la norma -tener un mayor control y registro de todas las viviendas turísticas- pero con lo que se ha mostrado reacio es con la “escasa infraestructura para atender la demanda en un periodo tan corto de tiempo”.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía, comunidad en la que este despacho opera principalmente, recurrió dicho registro, al igual que Canarias, Valencia, Murcia, etc. Sobre esto, el experto ha recalcado que estas viviendas ya cuentan con un número de licencia turística, por lo que esta nueva medida “duplica estructuras ya existentes y añade muchísima complejidad innecesaria al sistema. Se están implantando unas cargas burocráticas tremendas”.

Es de destacar que esta medida proviene de Europa, que proponía aplicarla a partir de 2026, para tener todos los pasos y criterios establecidos antes de su entrada en vigor. Sin embargo, España ha sido el país pionero, por lo que Gómez-Villares propone ampliar el plazo de solicitud hasta el próximo año, para “lograr unas condiciones mínimas de seguridad, que aleje este clima de incertidumbre”.

Régimen sancionador inexistente

“Lo que venía como una medida para ofrecer transparencia y trazabilidad, se ha convertido en un clima de inseguridad jurídica”, ha declarado el socio fundador del despacho, que propone una modificación del Real Decreto para obtener una “guía clara”, sobre todo, con las sanciones: “No hay un régimen sancionador establecido, ni para el propietario ni para las plataformas”.

“Tampoco sabemos qué pasará con los propietarios que tengan los alquileres de veranos ya planificados, ni qué tendrán que hacer las plataformas. El espíritu y la esencia de la norma es muy buena, pero el resultado es deficiente. No puedes dictar una norma sin saber qué sanciones van a derivar a quienes la incumplan”, ha manifestado.

Gómez-Villares también se ha quejado del procedimiento: “No se han tenido en cuenta la opinión de patronales y organizaciones. Si lo hubieran hecho, esta norma se habría hecho de otra forma”.

Por último, el socio fundador de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia ha reivindicado: “Los inmuebles de uso turístico no representan ni el 4% del parque residencial, no se pueden echar el problema de la vivienda a los apartamentos vacacionales, ni mucho menos”.